En Colombia, uno de los impuestos que más ha generado polémica y debate en los últimos años es el impuesto al patrimonio. A pesar de que en el pasado su vigencia era temporal, con la expedición de la Ley 2277 de 2022, este tributo pasó a ser permanente en el sistema jurídico colombiano.
Este cambio no ha estado exento de críticas, especialmente porque muchos lo ven como un freno para la acumulación de riqueza, herramienta clave para futuras inversiones y el desarrollo de la iniciativa privada. Debido a esto, han surgido múltiples acciones constitucionales con el objetivo de eliminarlo del ordenamiento jurídico.
¿Qué ha pasado con las acciones en contra del impuesto?
Uno de los intentos más destacados de frenar este impuesto llegó hasta la Corte Constitucional. Los ciudadanos que presentaron la acción buscaban que se declarara inconstitucional el impuesto al patrimonio, cuestionando puntos clave como su hecho generador y su base gravable. Sin embargo, en un comunicado reciente, la Corte informó que no emitiría un pronunciamiento de fondo, argumentando que los cargos no cumplían con los requisitos necesarios para un análisis detallado.
En otras palabras, el impuesto sigue vigente y “vivito y coleando”, al menos hasta que se resuelvan nuevas acciones constitucionales que sigan cuestionando su permanencia.
¿Es el impuesto al patrimonio un freno al crecimiento?
El debate sobre este tributo no es menor. Por un lado, es claro que el Estado necesita recursos para cubrir su presupuesto y financiar políticas públicas. Por otro lado, impuestos como el del patrimonio generan efectos negativos en la economía:
- Desincentivan la acumulación de riqueza, algo fundamental para promover la inversión privada.
- Pueden afectar la competitividad de las empresas y desmotivar la creación de nuevos emprendimientos.
Esto plantea un dilema importante: ¿cómo equilibrar las necesidades fiscales del Estado sin afectar el desarrollo económico y la inversión privada?
¿Qué viene para el impuesto al patrimonio?
Con el proyecto de ley de reforma tributaria actualmente en discusión, se prevé que este impuesto sufra algunos ajustes. Sin embargo, mientras las acciones constitucionales no logren cambios significativos, este tributo seguirá siendo una realidad para quienes deben pagarlo.
En resumen, el impuesto al patrimonio parece estar lejos de desaparecer, consolidándose como uno de los elementos más controversiales del sistema impositivo colombiano. Aunque muchos desearían verlo eliminado, su permanencia demuestra que sigue siendo una fuente de ingresos clave para el Estado, aunque no esté libre de debate ni críticas.
