La Corte Constitucional ha demostrado ser un actor fundamental en el control de las leyes con contenido tributario, asegurándose de que cumplan con los principios establecidos en la Constitución Política. Aunque el Congreso tiene un amplio margen para crear leyes fiscales, la Corte ha dejado claro que este poder no es absoluto: debe respetar tanto los principios que rigen el sistema tributario como los derechos fundamentales de las personas.
Un ejemplo reciente y significativo es la decisión de la Corte frente a la norma que prohibía la deducción de las regalías en el impuesto sobre la renta y complementarios. Esta norma fue declarada inconstitucional por no alinearse con los principios constitucionales, generando una reacción del Gobierno Nacional, que intentó contrarrestar la decisión mediante un incidente de impacto fiscal. En este incidente, el Gobierno argumentó que la decisión afectaría gravemente las finanzas públicas, ya que se estimaba recaudar una importante suma gracias a esa disposición legal.
Tras un análisis cuidadoso, la Corte rechazó el incidente de impacto fiscal y reafirmó su postura sobre la inconstitucionalidad de la norma. Este fallo no solo subraya que el margen de acción del legislador en temas fiscales tiene límites, sino que también resalta la importancia de que las normas tributarias respetan los principios de justicia, equidad y los derechos fundamentales.
La Corte enfatizó que el ejercicio del poder fiscal debe estar alineado con los valores esenciales del Estado, como la búsqueda de un orden justo. También recordó que los derechos fundamentales de los ciudadanos deben prevalecer en la relación entre las personas y las autoridades tributarias. Gracias a esta decisión, se evitó que la inconstitucionalidad de la norma pudiera poner en riesgo derechos fundamentales que ya se habían protegido.
En definitiva, la labor de la Corte Constitucional ha sido clave para establecer límites claros a la potestad fiscal del Estado. Sus decisiones fortalecen un sistema tributario más justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales, demostrando que el ejercicio del poder público debe estar siempre orientado hacia el bienestar de las personas.
