En Colombia, la acción de constitucionalidad en curso contra el impuesto al patrimonio ha puesto sobre la mesa un tema crítico: la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en materia tributaria. Este principio, reconocido en la Constitución, busca proporcionar reglas claras y sostenibles para los contribuyentes, pero su aplicación enfrenta múltiples desafíos.
Un sistema tributario en constante cambio.
Desde hace décadas, expertos y académicos coinciden en que el sistema impositivo colombiano necesita una revisión profunda. Su complejidad y las frecuentes modificaciones, muchas veces impulsadas por metas recaudatorias, generan incertidumbre para quiénes deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Aunque es evidente que el Estado requiere ingresos para garantizar sus funciones, los constantes ajustes dificultan la planificación y aumentan los costos de cumplimiento para los contribuyentes.
Los cambios reiterados en las normativas tributarias crean un entorno de incertidumbre que afecta tanto a empresas como a personas naturales. Adaptarse a nuevas reglas implica esfuerzos significativos en tiempo y recursos, lo que puede desalentar el cumplimiento y aumentar el riesgo de errores involuntarios.
Seguridad jurídica: una prioridad ignorada
El principio de seguridad jurídica, aunque esencial, ha sido relegado en muchas de las reformas tributarias recientes. Esto genera un “vaya y venga” constante, afectando la confianza en el sistema y complicando la relación entre el contribuyente y el Estado. Sin un marco jurídico estable y previsible, los contribuyentes se enfrentan a un terreno movido, especialmente en un país como Colombia, donde las condiciones económicas y sociales son altamente volátiles.
Reflexión frente al futuro
La próxima reforma tributaria que el Gobierno Nacional planea presentar y la decisión pendiente de la Corte Constitucional sobre el impuesto al patrimonio son oportunidades para reflexionar sobre la importancia de la seguridad jurídica. Un sistema tributario previsible no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también promueve una relación más equitativa y transparente entre el Estado y los ciudadanos.
Es esencial que las decisiones futuras busquen garantizar un equilibrio entre las necesidades presupuestales del país y la estabilidad normativa que tanto anhelan los contribuyentes. La previsibilidad en las reglas de juego no solo beneficia a quienes deben cumplir con sus deberes tributarios, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve un desarrollo económico sostenible.
Conclusión
Un sistema tributario claro, estable y accesible para todos es la base para construir una relación de confianza entre el Estado y los contribuyentes. La seguridad jurídica no debe ser vista como un lujo, sino como un pilar fundamental para garantizar el cumplimiento efectivo y promover un sistema fiscal más justo y eficiente. Es el momento de abrir el debate y construir un sistema tributario que ofrezca verdadera certidumbre en el tiempo.
