El Régimen Simple de Tributación (RST) es, sin duda, una de las iniciativas fiscales que más aceptación ha tenido entre los contribuyentes en Colombia. Diseñado inicialmente como una alternativa para quienes operaban fuera del radar de la DIAN, este régimen se convirtió en una herramienta que no solo simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también reduce la carga fiscal en comparación con los regímenes tradicionales. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para este sistema tributario.
A pesar de sus beneficios evidentes tanto para los contribuyentes como para el recaudo fiscal, el RST ha enfrentado constantes cuestionamientos a nivel constitucional. La Corte Constitucional ha tenido que intervenir en varias ocasiones para evaluar si este régimen cumple con los principios fundamentales del sistema tributario colombiano, en especial el principio de justicia, que se relaciona directamente con la equidad tributaria.
La equidad horizontal: una piedra angular
Uno de los principios más relevantes en el sistema tributario colombiano es la equidad horizontal, que establece que las personas en condiciones similares deben tributar de forma equivalente. Sin embargo, el legislador puede, dentro de sus facultades, establecer diferencias en el tratamiento tributario cuando los contribuyentes no se encuentran en igualdad de condiciones, siempre y cuando estas diferencias se justifiquen en la capacidad contributiva.
En este contexto, la Corte Constitucional, mediante una reciente decisión, declaró inconstitucionales ciertos artículos del RST que fueron modificados por la Ley 2277 de 2022. En concreto, estos artículos regulaban los límites de ingresos y tarifas para personas cuyos ingresos provinieran de actividades de servicios. o consultorías donde predominara el componente intelectual sobre el material. Con esta decisión, se revivió una disposición que reconfigura los parámetros para este tipo de contribuyentes.
Implicaciones para el sistema tributario
La sentencia de la Corte pone en evidencia una problemática recurrente en el proceso legislativo tributario: el amplio margen de maniobra del legislador a menudo deja de lado los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Esto genera incertidumbre entre los contribuyentes y afecta la percepción de legitimidad del sistema tributario.
Para garantizar un sistema fiscal eficiente y justo, es esencial que las normas tributarias no solo busquen optimizar el recaudo, sino que también respeten los principios constitucionales que sirven como pilares del sistema. Solo así se podrá fortalecer la confianza de los contribuyentes y promover una cultura de cumplimiento voluntario y sostenible.
